El comunicado describe alegaciones de una denuncia penal. Ellaboudy goza de presunción de inocencia, y el anuncio no demuestra que la fiscalía haya probado los hechos ni que la asistencia prevista llegara a su destinatario.
La asistencia que se investiga
El Departamento de Justicia afirmó que los investigadores examinaron compras de materiales relacionados con explosivos y drones. También sostuvo que Ellaboudy ofreció asesoramiento y asistencia sobre equipos de comunicaciones y sistemas de alimentación eléctrica.
Parte de la investigación implicó a una fuente confidencial del FBI que decía trabajar para un oficial hutí. Esa diferencia es esencial: los contactos con una fuente encubierta no pueden describirse automáticamente como comunicación directa con un integrante real del grupo. La imputación se refiere a un presunto intento de prestar apoyo.
El viaje descrito en la denuncia
Según la denuncia, Ellaboudy viajó a Omán en septiembre de 2025 con un pasaporte oficial expedido durante su anterior empleo en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense. Los fiscales dicen que cruzó después a Yemen con la intención de llegar a Saná, controlada por los hutíes.
Associated Press informó de que, según el FBI, no consiguió alcanzar la capital. Justicia señaló que, al regresar a Estados Unidos, aseguró haber realizado un viaje de trabajo oficial, pero su supervisor en Energía dijo que no tenía autorizado ningún desplazamiento oficial a esa región.
La aclaración sobre Hanford
La oficina del Departamento de Energía en Hanford afirmó que el caso no implicaba un intento de dañar las instalaciones o a sus trabajadores. Su declaración, incluida en el anuncio de Justicia, indicó que no existió una amenaza para la seguridad del complejo.
Por ello, las acusaciones no deben ampliarse hasta afirmar que se descubrió un ataque contra una instalación nuclear. El caso anunciado trata de un intento de apoyar a los hutíes, designados por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
El procedimiento ante los tribunales
El anuncio del 1 de octubre fijó una comparecencia inicial ante un juez federal en Richland para el 2 de octubre. Indicó que el cargo conlleva una pena máxima de 20 años si hay condena, lo que no equivale a una sentencia ya impuesta.
La investigación estuvo a cargo de un equipo conjunto antiterrorista del FBI en el noroeste del país. El comunicado no establece una conexión del acusado con un ataque hutí concreto contra Israel, buques u otro objetivo. Los documentos judiciales posteriores precisarán los siguientes pasos y permitirán contrastar las alegaciones con las pruebas y la defensa.
