Una operación precedida de información policial
El relato, publicado el 9 de octubre, describe una operación de inteligencia de la unidad de extranjeros del equipo central de investigación del distrito de Judea y Samaria. La policía sostiene que ambos acudieron a zonas de recolección en Samaria, en Cisjordania, para provocar enfrentamientos y alteraciones del orden público.
Según esa versión, soldados de la brigada regional de Binyamin realizaron las detenciones y trasladaron a los dos a un centro interinstitucional para interrogarlos. El informe no identifica una localidad concreta ni publica sus nombres o nacionalidades. Esas ausencias impiden relacionar con certeza este caso con otras detenciones de extranjeros durante la cosecha.
Qué sostiene la policía
La policía les atribuye apoyo al movimiento de boicot, desinversión y sanciones y la presentación de organizaciones terroristas como entidades legítimas. También menciona declaraciones que reclamarían la destrucción de Israel e intentos de promover campañas mediáticas contra el país.
Se trata de acusaciones policiales, no de hechos establecidos mediante una sentencia. El texto reproducido afirma que se reunió una base probatoria, pero no incluye las declaraciones, grabaciones o publicaciones que permitirían examinarla. Tampoco identifica una organización terrorista concreta ni demuestra que los detenidos fueran miembros de ella.
La información pública permite describir las sospechas y las actuaciones posteriores. No permite convertir todas esas sospechas en conductas probadas ni añadir vínculos organizativos que el propio comunicado deja sin especificar.
Una audiencia no equivale a una expulsión
El cuerpo del informe indica que, tras los interrogatorios, el material de investigación se remitió a la Autoridad de Población e Inmigración para una audiencia y una decisión sobre la expulsión. Esa descripción no acredita una orden definitiva ni que las dos personas hayan salido de Israel.
El informe revisado no recoge una respuesta de los detenidos o sus representantes. Tampoco facilita un número de expediente, una resolución judicial o la identidad de un abogado. Eso no significa que carecieran de representación o que rechazaran hacer comentarios; únicamente delimita la información publicada.
El contexto de la cosecha y un caso anterior
El 8 de octubre, i24NEWS informó de que el ministro de Defensa, Israel Katz, había ordenado impulsar medidas administrativas de exclusión contra activistas cuyas actividades se consideraran una amenaza para el orden y la seguridad, tras una petición del presidente del Consejo Yesha, Israel Ganz.
Ese relato describe instrucciones ministeriales. No demuestra que una orden firmada concreta se aplicara a estos dos detenidos ni que pertenecieran a las organizaciones mencionadas en informaciones generales sobre la temporada.
Un precedente distinto corresponde a octubre de 2025. The Times of Israel informó el 22 de octubre de aquel año de la expulsión de 32 activistas y de prohibiciones de entrada de 99 años por supuesta identificación con la Unión de Comités de Trabajo Agrícola. Su abogada, Lea Tsemel, dijo que desconocían una orden de zona militar cerrada.
Esas declaraciones se referían exclusivamente al grupo anterior. En el caso actual, los próximos hechos relevantes serían una decisión migratoria verificable y una respuesta atribuible a estas dos personas, sin mezclar expedientes distintos.
