La propuesta aborda cómo demostrar la identidad ante un proveedor de servicios. Según la Dirección, un banco o una aseguradora podrían recurrir en el futuro a la infraestructura estatal para identificar a un cliente, en lugar de pedirle otra fotografía de su documento. La cuenta privada y las operaciones realizadas en ella permanecerían separadas del sistema de identificación.
Una infraestructura existente con nuevas funciones
La Dirección afirma que unos 5,5 millones de usuarios están registrados en el sistema gubernamental de identificación. La estrategia plantea extenderlo gradualmente a entidades ajenas al Gobierno, con especial atención a los sectores financiero, sanitario, de telecomunicaciones y de seguros. La idea es ampliar el uso de una infraestructura pública que ya funciona.
Esa base tiene varios años de trayectoria. Un informe del contralor del Estado publicado en mayo de 2026 señala que el sistema nacional de identificación y el área personal de servicios gubernamentales comenzaron a operar en 2019. El documento distingue entre la identificación, que permite acceder a servicios que requieren acreditar la identidad, y el área personal, destinada a consultar información y realizar gestiones con la Administración.
Verificar la identidad no significa unir las cuentas
Calcalist informó el 8 de noviembre de que los proveedores privados utilizarían el mecanismo propuesto para identificar a sus clientes durante el registro. Para acceder después a las cuentas, las entidades mantendrían sus propios métodos, como contraseñas o códigos enviados al teléfono.
Esa distinción delimita el alcance de una identificación común. Una persona podría acreditar quién es mediante una infraestructura compartida sin convertir todas sus cuentas en una sola. La Dirección de Ciberseguridad subrayó que la propuesta no daría al Gobierno acceso a la actividad dentro de cuentas privadas: la función del sistema nacional sería únicamente verificar la identidad.
Documentos en el teléfono, sin retirar los físicos
La otra pieza del plan es una cartera nacional de identidad. Según la Dirección, permitiría guardar en el teléfono certificados, licencias, permisos y otros documentos oficiales emitidos por el Estado, además de presentarlos y autentificarlos digitalmente. También serviría para acreditar el derecho a determinados servicios y compartir la información necesaria para recibirlos.
Su función iría más allá de conservar un archivo para consultarlo. La propuesta incluye comprobar la autenticidad del documento cuando se presenta. La Dirección indica que la cartera podría utilizarse tanto en la atención presencial como por internet. Su comunicado establece que los documentos físicos seguirían expidiéndose y podrían utilizarse con normalidad.
Menos copias dispersas de documentos
La Dirección sostiene que actualmente se almacenan fotografías de documentos de identidad y otros papeles personales en numerosas bases de datos, en ocasiones sin protección suficiente. Según su planteamiento, la verificación nacional podría reducir la recopilación de esas copias y la exposición a filtraciones y suplantaciones.
Son objetivos del programa, no resultados medidos tras su aplicación. Calcalist informó de que Naama Ben Tzvi, responsable de la Unidad de Identificación y Aplicaciones Biométricas, describió el mecanismo como una herramienta adicional que un banco podría emplear junto con otros sistemas. La propuesta, por tanto, no eliminaría todas las comprobaciones de identidad realizadas por los proveedores.
De la consulta a la aprobación
La Dirección dice haber elaborado la estrategia con la Agencia Digital Nacional, la Autoridad de Población e Inmigración, el Departamento de Presupuestos del Ministerio de Finanzas, el Contador General y el Banco de Israel. La presentación coincidió con el inicio de la Semana Nacional de Protección Cibernética, del 8 al 12 de noviembre.
Según Calcalist, tras examinar las observaciones y modificar el texto, la estrategia se presentaría al Gobierno para su aprobación junto con un plan de ejecución de cinco años. Ese período describe una propuesta todavía pendiente, no una fecha de lanzamiento garantizada ni un plazo para incorporar todos los servicios. Por ahora, el paso abierto al público es enviar comentarios sobre el borrador antes de que termine noviembre, conforme al anuncio oficial.
