El juez Noam Sohlberg aceptó total o parcialmente cinco de las seis impugnaciones y rechazó la restante. La diferencia importa: no consideró propaganda prohibida cualquier aparición oficial del primer ministro.
Cuándo la actividad oficial se convierte en campaña
Los casos incluían discursos y actos en la sala de prensa de la Oficina del Primer Ministro, ceremonias militares y reuniones de evaluación de seguridad. Organizaciones de vigilancia denunciaron que el material resultante promovía la campaña de Netanyahu con recursos inaccesibles para otros candidatos.
Sohlberg examinó el uso de esos espacios y medios de producción. Según las informaciones sobre la resolución, presentar logros militares y diplomáticos como éxitos políticos personales podía transformar un acto oficial en propaganda electoral.
La cuestión no se limitaba a las palabras pronunciadas. Las imágenes producidas por el Gobierno, los canales de difusión y el acceso a actos militares también influían en la ventaja obtenida por quien ocupa el cargo.
Órdenes distintas para cuentas distintas
En dos casos, Sohlberg ordenó retirar el contenido correspondiente tanto de los canales oficiales como de las cuentas personales de Netanyahu. En otros tres, exigió eliminar todo o parte del material de las cuentas oficiales, según The Times of Israel.
La sexta impugnación fue rechazada porque el juez no consideró que aquel discurso constituyera propaganda electoral. La decisión distingue entre publicaciones concretas y no impone una prohibición general a las comunicaciones del primer ministro.
Sohlberg también ordenó a Netanyahu pagar personalmente 29.000 séqueles en gastos judiciales. Se trata de costas relacionadas con el procedimiento, no de una condena penal.
La visita al Líbano ilustra el límite
Uno de los casos se refería a una visita a un puesto militar israelí en el sur del Líbano. La cobertura de la resolución distinguía entre una visita oficial legítima para apoyar a los soldados y un vídeo editado que destacaba los logros del Gobierno y de Netanyahu.
El juez consideró problemático emplear material producido con recursos públicos para esa presentación política. Que la visita tuviera una función oficial no autorizaba automáticamente cualquier uso electoral posterior de las imágenes.
La resolución tampoco establecía que la actividad militar fuese ficticia ni que los logros de seguridad mencionados en los discursos fueran necesariamente falsos. Su objeto era el uso electoral del material.
Cumplimiento antes de las elecciones
El siguiente paso inmediato es aplicar las órdenes de retirada y edición en las cuentas afectadas. La información consultada no permitía determinar si todas las publicaciones habían sido eliminadas o si habría nuevas actuaciones judiciales.
No se localizó una respuesta sustantiva de Netanyahu o de su oficina a esta resolución concreta. Esa ausencia no demuestra aceptación ni intención de recurrir.
Con las elecciones previstas para el 27 de octubre, la decisión delimita cómo puede comunicarse un gobernante durante la campaña mientras sigue ejerciendo sus funciones. Su efecto depende de los vídeos y canales afectados, no de una restricción general a los anuncios gubernamentales.
