La Corte Penal Internacional ha tomado medidas para reducir el impacto de posibles sanciones estadounidenses contra la institución en su conjunto, afirmó la fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan en una entrevista publicada el 25 de septiembre.
A la fecha de publicación, las sanciones de Estados Unidos afectan a determinados funcionarios de la CPI, pero no se han impuesto a la Corte en su totalidad. Reuters ha informado de que el Gobierno de Trump preparó esa opción y que la presión busca, entre otros objetivos, cuestionar las órdenes de arresto emitidas contra dirigentes israelíes.
Cómo podrían funcionar sanciones contra toda la institución
Según los informes, una medida amplia podría prohibir a ciudadanos y empresas estadounidenses proporcionar fondos, bienes o servicios a la Corte sin una licencia especial. Por el peso del sistema financiero de Estados Unidos y de sus proveedores tecnológicos, los efectos podrían extenderse más allá de sus fronteras.
Servicios informáticos, seguros, pagos y nóminas figuran entre las áreas que podrían verse afectadas por restricciones amplias. La CPI dice haberse preparado, pero no ha detallado públicamente todas sus medidas de contingencia.
La relación con Israel y las órdenes de arresto
En noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. La Corte dijo haber encontrado motivos razonables respecto de presuntos delitos bajo su jurisdicción. Israel rechaza las alegaciones y cuestiona la jurisdicción de la CPI en el asunto.
Estados Unidos no es miembro de la Corte y también se opuso a las órdenes contra los dirigentes israelíes. La Administración Trump ha aumentado la presión, argumentando que la CPI amenaza la soberanía estadounidense y la de sus aliados. La Corte y Estados miembros que la apoyan sostienen que las sanciones amenazan la independencia de la justicia internacional.
Qué se sabe y qué no
El punto clave es que las sanciones contra toda la Corte siguen siendo, según los informes, una medida en preparación y no una acción ya completada y anunciada oficialmente. No sería correcto describir a la CPI como sometida actualmente a un régimen institucional completo de sanciones.
Si se publica una nueva orden estadounidense, sus detalles jurídicos determinarán el impacto real: quién será parte prohibida, qué operaciones requerirán licencia, si habrá periodo transitorio y qué excepciones se concederán. Hasta entonces, los preparativos de la Corte buscan reducir el riesgo de un escenario que aún no es definitivo.
