La iniciativa, publicada por Creative Community for Peace bajo el título "Reject the Lie", se lanzó a comienzos de septiembre con más de 5.000 firmas y posteriormente superó las 6.000.
Los autores de la carta son el escritor y periodista Yossi Klein Halevi, el rabino e historiador Yitz Greenberg, el periodista y activista social rabino Micha Odenheimer y el profesor Jonathan Karp, de la Universidad de Binghamton.
Los firmantes se suman a un debate internacional mucho más amplio sobre el uso del término "genocidio" en relación con la guerra de Gaza. Varias organizaciones y órganos de investigación han concluido que la conducta de Israel constituye genocidio o actos de carácter genocida, conclusiones que Israel rechaza. Al mismo tiempo, el principal proceso interestatal sobre la cuestión ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya aún no ha llegado a una sentencia definitiva sobre el fondo.
Qué sostienen los firmantes
La carta comienza con un rechazo contundente de la acusación de genocidio y la describe como un "libelo de sangre".
Su principal argumento jurídico se centra en la intención. Según la Convención de la ONU para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un gran número de muertes o una destrucción extensa no bastan por sí solos para demostrar genocidio. También se requiere la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
Los firmantes sostienen que la conducta de Israel no demuestra una intención de destruir a los palestinos, sino un esfuerzo por derrotar a Hamás tras el ataque del 7 de octubre de 2023.
Señalan, entre otros elementos, la extensa red de túneles de Hamás, los combates desde zonas civiles, estructuras con explosivos, las advertencias israelíes de evacuación y la dificultad de distinguir entre combatientes y civiles en un entorno urbano densamente poblado.
La carta también reconoce que existe un debate dentro de la comunidad judía sobre la forma en que Israel condujo la guerra. Sostiene que criticar la conducción de la guerra y lamentar la muerte de civiles inocentes no es incompatible con rechazar la calificación de genocidio.
Quiénes están entre los más de 6.000 firmantes
La lista publicada incluye académicos, abogados, historiadores, exfiguras políticas y personalidades de la cultura y el entretenimiento.
Entre los nombres más destacados están Steven Pinker, de Harvard; los historiadores Niall Ferguson, Benny Morris, Dina Porat y Simon Sebag Montefiore; la historiadora del Holocausto Deborah Lipstadt; el ganador del Premio Turing Judea Pearl; el analista de guerra urbana John Spencer; y el exministro de Justicia y fiscal general de Canadá Irwin Cotler.
Entre las figuras políticas y públicas aparecen el ex primer ministro británico Boris Johnson, el exministro británico de Hacienda Nadhim Zahawi y el exsecretario estadounidense de Asuntos de Veteranos Robert Wilkie.
En cultura y entretenimiento figuran Debra Messing, Mayim Bialik, Shari Redstone y Sherry Lansing.
Las firmas son personales. La vinculación de un firmante con una universidad, empresa u organismo público no significa que esa institución haya respaldado la carta.
Además, el sitio de la campaña no presenta una base de datos claramente completa y auditable de forma independiente de los más de 6.000 firmantes, y no se ha identificado una explicación pública detallada del proceso de verificación de firmas.
Qué ha decidido la Corte Internacional de Justicia
El debate público sobre la palabra "genocidio" no es lo mismo que la situación jurídica del caso en La Haya.
Sudáfrica presentó en diciembre de 2023 un procedimiento contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, alegando violaciones de la Convención sobre el Genocidio en relación con los palestinos de Gaza.
Durante 2024, la Corte dictó varias medidas provisionales que obligaban a Israel a adoptar acciones para proteger derechos invocados bajo la Convención, prevenir actos comprendidos por ella y facilitar la asistencia humanitaria.
Sin embargo, la Corte no ha determinado que Israel haya cometido genocidio.
También es imprecisa la formulación frecuente según la cual la CIJ ya consideró "plausible el genocidio". En la fase de medidas provisionales, la Corte examinó si los derechos invocados por Sudáfrica bajo la Convención eran plausibles y si existía un riesgo de perjuicio irreparable antes de una decisión final. La cuestión de si Israel violó realmente la Convención sigue pendiente para la fase de fondo.
Esa fase está lejos de concluir. En mayo de 2026, la Corte fijó noviembre de 2027 como plazo para la siguiente respuesta de Sudáfrica y mayo de 2029 para la dúplica de Israel.
Otros organismos han llegado a conclusiones diferentes
La ausencia de una sentencia definitiva de la CIJ no significa que otras organizaciones no hayan alcanzado sus propias conclusiones.
Amnistía Internacional concluyó en diciembre de 2024 que Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza. Human Rights Watch utilizó una formulación más limitada y consideró que la privación deliberada de agua constituía exterminio como crimen de lesa humanidad y "actos de genocidio".
En 2025, B'Tselem y Physicians for Human Rights Israel también publicaron informes que concluyeron que Israel estaba cometiendo genocidio. La International Association of Genocide Scholars adoptó en agosto de 2025 una resolución según la cual las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplían la definición jurídica de genocidio, y una comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU llegó a una conclusión similar al mes siguiente.
Se trata de evaluaciones y conclusiones de organizaciones, académicos y órganos de investigación. No son una sentencia definitiva de la Corte Internacional de Justicia.
Israel rechaza esas conclusiones y afirma que sus objetivos de guerra fueron desmantelar las capacidades militares y de gobierno de Hamás, lograr la liberación de los rehenes y evitar otro ataque como el del 7 de octubre, no destruir a la población palestina.
La disputa central: qué puede inferirse sobre la intención
Ese es el núcleo de la controversia jurídica.
Los críticos de Israel señalan la magnitud de las muertes y la destrucción, los daños a la infraestructura, la crisis alimentaria y declaraciones de funcionarios israelíes como elementos que, a su juicio, permiten inferir una intención de destruir a una parte de la población palestina.
Israel y expertos que rechazan la acusación de genocidio apuntan, en cambio, al objetivo declarado de derrotar a Hamás, las evacuaciones de civiles de zonas de combate, las advertencias previas y el uso por parte de Hamás de zonas urbanas densas y una amplia red subterránea.
Ninguno de estos elementos resuelve por sí solo la cuestión jurídica. El punto central es si el conjunto de decisiones, declaraciones y conductas demuestra la intención específica que exige el derecho para el delito de genocidio.
Los más de 6.000 firmantes de "Reject the Lie" representan ahora una impugnación pública organizada de la acusación en un momento en que varios organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han adoptado la conclusión contraria.
La Corte encargada de resolver la disputa jurídica interestatal entre Sudáfrica e Israel, sin embargo, aún no ha pronunciado su decisión final.
