La UNRWA afirma haber completado 41 de las 50 reformas recomendadas. El informe de la organización supervisora, publicado el 14 de septiembre, sitúa el total en un máximo de 13.
La discrepancia gira en torno a qué significa completar una reforma. Una propuesta puede describir una solución. Un proyecto piloto puede ponerla a prueba. Ninguno demuestra necesariamente que las salvaguardias prometidas estén funcionando.
¿Qué ocurrió después de los trámites?
Según UN Watch, la UNRWA clasificó algunas recomendaciones como completadas tras redactar propuestas o desarrollar proyectos piloto, aunque su aplicación seguía pendiente.
Una recomendación se habría cerrado después de que la agencia determinara que era imposible aplicarla.
Eso deja a los donantes ante una pregunta que la cifra global no responde por sí sola: ¿qué cambios están realmente en marcha?
La distinción importa porque las salvaguardias de neutralidad deben influir en la conducta. Su valor depende de lo que ocurre después de adoptar una política, incluida la detección y el tratamiento de las infracciones.
Una lista de control con ausencias relevantes
La comprobación de antecedentes del personal es otro eje de la evaluación.
UN Watch afirma que los principales controles de sanciones de la UNRWA se basan en una lista del Consejo de Seguridad de la ONU que no incluye ni a Hamás ni a la Yihad Islámica Palestina. Consultarla no permite, por sí solo, determinar si un empleado pertenece a alguna de esas organizaciones.
La cuestión no es únicamente si existe un procedimiento de control. Es si ese procedimiento puede detectar las afiliaciones que están en el centro de la controversia.
Las cifras del personal exigen una lectura cuidadosa
El informe cita la remisión, en junio, de los casos de 108 empleados actuales o antiguos de la UNRWA por parte de la Oficina del Inspector General de USAID para una posible suspensión o inhabilitación para contratar, por presuntos vínculos con el 7 de octubre o con el brazo militar de Hamás.
Posteriormente, la UNRWA despidió a 70 empleados de Gaza tras una evaluación de seguridad. La agencia sostuvo que esos despidos no confirmaban las acusaciones contra ellos.
Son medidas distintas y las cifras no deben sumarse ni tratarse como si describieran al mismo grupo. La remisión de un caso no equivale a una condena. Tampoco un despido demuestra por sí solo la acusación que lo motiva.
Para UN Watch, sin embargo, los casos plantean otra pregunta sobre la eficacia de las salvaguardias: ¿qué detectaban los controles internos antes de que intervinieran organismos externos?
La reforma educativa tiene que llegar al aula
La organización también cuestiona las afirmaciones de la UNRWA sobre la reforma educativa y cita informes persistentes de antisemitismo y glorificación del terrorismo en el currículo de la Autoridad Palestina utilizado en sus escuelas.
También aquí, el argumento se centra en la distancia entre la actividad administrativa y los resultados.
Un proceso de revisión puede ser útil. La formación docente también. Pero evaluar esas medidas exige examinar los materiales que reciben los niños y comprobar si el contenido cuestionado se ha abordado realmente.
UN Watch sostiene que los cambios de procedimiento no resuelven esa cuestión por sí solos.
¿Qué se pide verificar a los donantes?
La organización insta a los gobiernos donantes a exigir pruebas independientes antes de aceptar las cifras de cumplimiento de la UNRWA.
Eso trasladaría el foco del número de recomendaciones cerradas a la eficacia de las salvaguardias resultantes: cómo se controla al personal, qué aprenden los alumnos y cómo se gestionan las vulneraciones de la neutralidad.
La disputa entre 41 y 13 va, por tanto, más allá de dos recuentos diferentes. Se refiere a lo que se pide a los donantes que acepten como prueba.
Una agencia puede presentar una política terminada. Que una salvaguardia funcione es algo que debe demostrar.
