La Fiscalía de Padua, en el norte de Italia, inició el 8 de octubre de 2026 unas comprobaciones preliminares sobre una cámara de arbitraje islámico, tras recibir una denuncia por su propuesta de utilizar la sharía para resolver disputas civiles y comerciales.
El expediente se abrió sin personas identificadas como investigadas ni un delito concreto. El fiscal Angelantonio Racanelli anunció las diligencias después de que el abogado Francesco Minutillo, de Futuro Nazionale, presentara una denuncia. El anuncio no establecía que la cámara hubiera actuado ilegalmente.
La Camera Arbitrale Islamica Italiana fue fundada por el abogado Omar Vanin, quien describe sus servicios como arbitraje privado dentro del marco jurídico italiano. Sus críticos cuestionan si sus reglas religiosas podrían generar un sistema de justicia paralelo. También se ha opuesto una organización musulmana que afirma que la iniciativa se puso en marcha sin consultar a las comunidades que representa.
Qué establecen las reglas de la cámara
Los estatutos de la cámara la describen como una asociación sin fines de lucro, con sede en Padua, que promueve el arbitraje entre la comunidad musulmana de Italia. Su reglamento explica cómo se incorporaría ese componente religioso a las decisiones.
Cuando las controversias se resuelven conforme a derecho, las reglas ordenan a los árbitros aplicar principios del derecho islámico. La legislación italiana cubriría las cuestiones que esos principios no regulen. Si ambas partes tienen la nacionalidad de un país que incorpora el derecho islámico a su ordenamiento, el reglamento remite a la interpretación de ese país.
La participación requiere un acuerdo. Las partes pueden aceptar las reglas mediante una cláusula arbitral incluida en un contrato o después de que una de ellas proponga someter una disputa a la cámara.
El reglamento arbitral también preserva las normas procesales obligatorias y garantiza un trato igualitario y la oportunidad de que ambas partes presenten sus argumentos. Estas garantías figuran junto a las disposiciones que otorgan al derecho islámico un papel central en la resolución del conflicto.
Vanin afirma que la ley italiana sigue siendo obligatoria
Vanin ha rechazado que la cámara constituya un sistema judicial separado.
En un comunicado publicado por la emisora local Telenuovo, explicó que la entidad utiliza el arbitraje, un mecanismo reconocido por la legislación italiana, para resolver disputas comerciales y patrimoniales.
Sus potenciales usuarios incluyen empresas y particulares que quieren reflejar principios islámicos en sus operaciones, como las restricciones al cobro de intereses y la equidad en las transacciones. Vanin afirmó que ese marco religioso debe actuar dentro de los límites del derecho italiano.
También delimitó los asuntos que abordaría la cámara. En declaraciones a ANSA el 8 de octubre, señaló que las cuestiones relativas al estado familiar quedaban fuera de sus competencias y de sus planes.
Según Vanin, en esa fecha no había procedimientos pendientes ni se habían dictado laudos. Añadió, sin embargo, que algunos acuerdos comerciales ya incluían cláusulas para remitir futuras disputas a la entidad.
UCOII dice que sus comunidades no dieron ningún mandato
La Unión de Comunidades Islámicas de Italia, conocida como UCOII, rechazó la iniciativa en un comunicado del 8 de octubre.
Aseguró que ninguna de las asociaciones, centros islámicos o mezquitas a las que representa había promovido, respaldado o reconocido la cámara. Tampoco habían sido consultados.
UCOII describió el proyecto como una iniciativa independiente cuyos promotores carecían de mandato de esas comunidades. Instó a los musulmanes a recurrir al sistema judicial italiano y señaló que respetar las leyes del país es coherente con su fe.
El comunicado desautorizó cualquier impresión de que la cámara contaba con el apoyo de la red de UCOII. No pretendía establecer la opinión de todos los musulmanes de Italia.
Un acuerdo privado no elimina los límites legales
El derecho italiano permite el arbitraje, pero limita las disputas que pueden resolver los árbitros privados.
El artículo 806 del Código de Procedimiento Civil excluye los conflictos sobre derechos de los que las personas no pueden disponer libremente mediante un acuerdo privado. Por tanto, el consentimiento de las partes no convierte por sí solo cualquier asunto en susceptible de arbitraje.
Ese límite ocupa un lugar central en las objeciones políticas. La senadora Susanna Donatella Campione, de Hermanos de Italia, pidió examinar las reglas de la cámara y advirtió que el arbitraje no debe servir para eludir protecciones legales obligatorias.
La controversia llegó después al Senado. El 15 de octubre, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, afirmó que cualquier sistema paralelo de justicia civil o penal chocaría con los principios constitucionales y la soberanía del Estado italiano, según informó Rai Parlamento.
